PortsIB regula el uso de las rampas públicas en los puertos de gestión directa para la temporada 2026. La medida establece un régimen transitorio mientras se consolida el marco jurídico para la licitación definitiva de las autorizaciones. Ports de les Illes Balears (PortsIB), entidad dependiente de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua del Govern de las Illes Balears, ha aprobado la regulación del uso de las rampas públicas en los puertos e instalaciones de gestión directa para la temporada 2026.

Esta decisión responde al incremento registrado en los últimos años de solicitudes para el uso de rampas, tanto para actividades de alquiler de embarcaciones como para actividades acuáticas, en un contexto de disponibilidad limitada del dominio público portuario.

La nueva regulación se enmarca en la voluntad de PortsIB de fomentar la actividad económica en los puertos, optimizar la gestión de los recursos públicos y garantizar la competencia en la prestación de servicios, mientras se trabaja en la futura licitación pública de las autorizaciones de uso de rampas y otros espacios portuarios.

Para la temporada 2026, las rampas públicas quedarán reservadas con carácter general a embarcaciones de uso particular (lista 7ª), si bien se prevén determinadas excepciones, como embarcaciones vinculadas a servicios públicos, investigación, protección ambiental, pesca profesional o actividades de mantenimiento y reparación.

Además, de manera transitoria, las empresas que durante 2025 disponían de autorización para el uso de rampas para actividades de alquiler o actividades acuáticas podrán continuar desarrollando su actividad durante 2026, con limitaciones específicas, como el uso de una única rampa y la exclusión de determinadas tipologías de embarcaciones.

La regulación también establece medidas para reforzar la seguridad, como la prohibición de realizar embarque y desembarque de pasajeros en las rampas mediante embarcaciones auxiliares. Con esta actuación, PortsIB pretende garantizar un uso ordenado, seguro y eficiente de las rampas públicas, al tiempo que asegura la continuidad de la actividad económica vinculada al sector náutico mientras se define el modelo definitivo de adjudicación mediante concurso público.